El Anteproyecto forma parte de la estrategia Justicia 2030 e incluye, entre otras reformas, la implantación de los llamados MASC, es decir, medios adecuados de solución de controversias.
El primero de los tres ejes en los que está basado el Anteproyecto es el de los medios adecuados de solución de controversias (MASC). El objetivo de los MASC es recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales.
Se trata de que los ciudadanos no tengan que resolver sus conflictos solamente acudiendo a los Juzgados, sino que puedan acudir a otros métodos que les permitan afrontar los conflictos.
El Anteproyecto define los MASC como “cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden, de buena fe, con el objeto de encontrar una solución extrajudicial a la controversia, por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral”. Y contempla como MASC tanto la mediación como otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y otros procedimientos regulados en la legislación especial.
El Anteproyecto regula la implantación de los MASC, inicialmente, en los asuntos civiles y mercantiles. Y, las partes, podrán usar los MASC eligiendo dentro de un amplio catálogo, tales como, la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, etc.
Una de las grandes novedades es que la validez del acuerdo alcanzado a través del MASC equivale la resolucion de un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Y para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo deberá ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda.
Además, el Anteproyecto supondrá una importante reforma de las leyes procesales así como la transformación digital de la justicia.
Se trata, en principio, de medidas que mejoren la Administración de Justicia, respondiendo a las recomendaciones de la Unión Europea y que ayudarán a los ciudadanos a una mejor y mas eficaz resolución de sus conflictos.